Viviane Morales podría ser considerada la mujer más poderosa de Colombia. No aparece en la revista Forbes como una de las más millonarias, pero como fiscal general de Colombia tiene a su cargo un ejército de 20.000 funcionarios públicos.

Tiene 50 años, es una experta constitucionalista, su carácter es serio y en su hoja de vida incluye logros como haber sido congresista que impulsó leyes tan importantes como la libertad de cultos en Colombia y la que obliga una mayor participación de las mujeres en los altos cargos del Estado.

Ahora, todo ese poder y su exitosa carrera podrían derrumbarse por cuenta de una demanda que este martes atenderá el Consejo de Estado, tribunal que resolverá si la elección de Morales, en diciembre de 2010, fue irregular o no. Y aunque se trata de una discusión legal, algunos sospechan que hay vicios machistas en el caso.

En esencia, el Consejo de Estado determinará si la elección que hizo la Corte Suprema de Justicia, con apenas 14 votos, violó el reglamento de ese alto tribunal que exige 16 como mínimo para convertirse en Fiscal General. Sin embargo, los magistrados modificaron la disposición porque, en ese entonces, algunos magistrados se habían retirado o estaban de licencia.

Pero más allá de la discusión legal, la demanda contra la elección de Viviane Morales cobró más vigor en las discusiones públicas y en las agendas de los medios de comunicación después de que ella aceptó, en una entrevista con la revista Bocas, que había reconstruido su relación marital con el exguerrillero Carlos Alonso Lucio, de quien se había separado.

Esa sola respuesta bastó para que las miradas escrutadoras aumentaran sobre sus actuaciones, al punto de que su relación marital ha sido objeto de discusión entre ella y el presidente Juan Manuel Santos. "Yo le pregunté si estaba casada con Carlos Alonso Lucio y me dijo que no en ese momento (cuando el mandatario decidió postularla para el cargo de fiscal). Era un dato relevante", dijo Santos a La W Radio de Colombia.

Morales, por el contrario, dijo que el presidente de Colombia jamás le preguntó si aún convivía con Lucio, un desmovilizado del desaparecido movimiento guerrillero M-19, quien después asesoró jurídicamente a los paramilitares del temido Salvatore Mancuso, quienes lo contrataron para buscar beneficios legales y evitar su extradición a Estados Unidos. (Terra Colombia)